Faltas a la justicia

Autor: Padre Alejandro Cortés González-Báez   

 

¿Quién de nosotros no ha visto en un parque la típica escena protagonizada por dos pequeños que terminan llorando mientras se dirime la propiedad legal de una pelota? Estos conflictos tienen una explicación muy sencilla. Cuando un niño se encuentra una pelota o cualquier otra cosa, simple y sencillamente la considera como suya. Su razonamiento es elemental: Niño (o sea yo)-pelota; pelota niño, yo-pelota; pelota-mía…, sin más trámites. Los juguetes, y todo lo que ve y puede alcanzar, le pertenecen pues no son son capaces de entender el derecho de posesión, ni las normas del comercio; así como la certificación de derecho por medio de facturas y muchos requerimientos legales más.

Todos habremos sufrido cuando vemos que nuestras posesiones pasan injustamente a otros y sobre todo cuando el agresor funda su robo en argumentos tan cínicos como los abusos de autoridad.

En el ejercicio de su trabajo cada quien tiene el derecho de iniciativa económica, y podrá usar legítimamente de sus bienes para contribuir a la abundancia provechosa de los suyos, así como para recoger los justos frutos de sus esfuerzos.

Toda la convivencia social ha de basarse en el ejercicio de la justicia, y dicha virtud reside en el respeto a la persona, a la sociedad y como consecuencia, a las leyes orientadas al verdadero bien común. Se comete hurto o robo cuando se toman ocultamente los bienes de otro. El asalto cosiste en apoderarse de los bienes ajenos usando de la violencia. El fraude es el hurto engañando con trampas, documentos falsos, etc., o reteniendo el justo salario. La usura es el delito que se comete al exigir mayor interés del lícito por la cantidad prestada.

También son éticamente ilícitas, la especulación mediante la cual se modifica artificialmente la valoración de los bienes con el fin de conseguir un beneficio en detrimento ajeno. La corrupción mediante la cual se vicia el juicio de personas con autoridad, como por ejemplo el soborno. La apropiación y el uso privado de los bienes del estado o de los bienes sociales de una empresa. Pero también son injustos los trabajos mal hechos, el fraude fiscal, la falsificación de facturas, el despilfarro de bienes no propios; infligir voluntariamente, o por negligencia, un daño a las propiedades privadas o públicas, los salarios injustos de las personas que trabajan para nosotros, y todo ello exige restitución, lo cual incluye a los particulares, a las instituciones bancarias y al estado.

La actividad económica no puede desenvolverse en medio de un vacío institucional, jurídico y político o con un sistema monetario inestable y servicios públicos ineficientes.

Por su parte, los empresarios no deben mantenerse al margen de las exigencias sociales y por ello están obligados a considerar el bien de las personas y no solamente el aumento de sus propias ganancias, considerando que éstas son necesarias para realizar las inversiones que aseguren el porvenir de las empresas garantizando los puestos de trabajo.

Como se ve, todavía queda mucho por mejorar en nuestro ambiente donde a veces se califica algunos delitos como como si fueran virtudes.